México: el alto costo de buscar la verdad

Fotografía: Lucía Flores

Los asesinatos recientes de periodistas y personas buscadoras no son episodios aislados. Reflejan el deterioro del Estado de derecho y la incapacidad de las instituciones para proteger a quienes buscan la verdad.

DAVID TOVILLA

No todas las semanas retratan a un país. Algunas, en cambio, parecen concentrar sus peores fracasos. En unos cuantos días fueron asesinados periodistas y mujeres dedicadas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Cambian los nombres, cambian los lugares, pero el mensaje permanece: en México, buscar la verdad puede costar la vida.

    El pasado viernes 26 se confirmó el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, directora del portal digital Pulso Informativo del Sureste, un medio local de Nanchital, Veracruz. Su secuestro, el 2 de junio, indignó por el grado de violencia con que los delincuentes irrumpieron en su domicilio para llevársela. Los días empezaron a transcurrir. La única respuesta oficial fue la de siempre: "Hay que esperar. Se investiga". Nada ocurrió. El desenlace era previsible. Después trascendió, en medio de versiones confusas, la detención de un presunto responsable, quien habría revelado que Roxana fue asesinada y señalado el lugar donde se encuentra el cuerpo. La familia denunció que ninguna autoridad le había informado oficialmente.

    El 11 de junio de 2026 también fue asesinado Luis Ángel López Valdés, en Poza Rica. Era director del portal Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz. 

    Artículo 19 México y Centroamérica apuntó sobre el caso: “enfrentaba una situación de riesgo documentada, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, incluyendo agresiones físicas registradas en video al exhibir públicamente un abuso policiaco durante una detención. Como resultado de este proceso, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección a partir del 5 de febrero de 2026. Sin embargo, la evaluación de riesgo realizada a López Valdez estimó un nivel de amenaza bajo, razón por la cual se le asignaron únicamente medidas básicas consistentes principalmente en apoyos de carácter social”. ç

    Lo asesinaron. Y todo siguió igual.

    Desde hace años, Veracruz parece un territorio donde el crimen impone sus reglas con una impunidad casi absoluta. Aún se recuerda el caso de la profesora jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años, quien, para complementar sus ingresos y mantenerse activa, comenzó a conducir un taxi. Pero ese sector también paga cuota, y negarse a hacerlo le costó la vida. El video recorrió el país con un mensaje inequívoco para quienes se resisten a pagar: les ocurrirá lo mismo. La asesinaron. Los crímenes continúan. Ahora fue Roxana.

    A los homicidios de periodistas se suma el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, ultimada el 23 de junio en Guanajuato. Formaba parte del colectivo Una Promesa por Cumplir.

    No fue un hecho aislado. El mes pasado también fueron ejecutadas Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

    Así, entre marzo y junio fueron asesinadas cuatro mujeres dedicadas a la búsqueda de sus familiares. Con ellas, Guanajuato suma trece buscadoras asesinadas en los últimos seis años.

    A quienes buscan a un familiar desaparecido primero les arrebatan a un ser querido. Después les consumen el tiempo, los recursos y la tranquilidad en una tarea que, demasiadas veces, el Estado ha dejado en manos de las propias víctimas. Y, en demasiados casos, también terminan arrebatándoles la vida.

    Las desapariciones erosionan, día tras día, la legitimidad del Estado mexicano. Cada nuevo caso confirma su incapacidad para garantizar el derecho más elemental: que una persona desaparezca sin que su familia tenga que convertirse en investigadora para encontrarla. La cifra oficial —ya de por sí cuestionada— ronda las 135 mil personas desaparecidas. La gravedad de la crisis quedó reflejada en una decisión inédita: tras la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general de la ONU remitir formalmente la situación de México a la Asamblea General, procedimiento que ya fue cumplido.

    Nada de esto puede normalizarse, convertirse en paisaje. Ni las desapariciones, ni los asesinatos, ni la violencia contra quienes buscan la verdad, sean periodistas o integrantes de los colectivos de búsqueda. Mientras el Estado no garantice justicia y protección para quienes informan y para quienes buscan a sus desaparecidos, seguirá en deuda con las víctimas y con el Estado de derecho.